Espacio de rehabilitación 27 noviembre 2018

Cláusulas sociales en los contratos públicos y la responsabilidad empresarial

Ley de contratos del sector público

La nueva Ley de Contratos del Sector Público, 9/2017, de 8 de noviembre, prevé el establecimiento de cláusulas sociales como criterio para la adjudicación de los contratos promovidos por las administraciones públicas.

Estos criterios, siguiendo las directivas de la UE, tienen como objetivo estimular el desarrollo social en la actividad económica derivada de la inversión y el gasto público de las administraciones públicas, de los que se deriva el 42% del PIB.

En el sector de la construcción, nos preocupa la aplicación de las cláusulas sociales en los contratos de obras, no tanto por el hecho en sí mismo, que puede ser positivo, sino por la forma y las condiciones de su aplicación. Se valora la contratación de personal que tiene dificultades para conseguir un empleo, cuando muchas empresas no tienen perspectivas laborales para su propio personal. En esta situación, se valoran los contratos indefinidos propuestos por la empresa y también el compromiso de emplear al personal

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Se valora la mejora de la remuneración en relación con el convenio colectivo vigente para un determinado contrato, lo que genera situaciones de desigualdad salarial en la propia empresa y sustituye a la negociación colectiva atribuida a los órganos competentes.

Estos ejemplos nos preocupan por la introducción de condiciones que pueden tener un efecto contrario al deseado. La contratación pública debería impulsar la economía con una dimensión social, la economía colaborativa menos especulativa, la economía circular y promover la responsabilidad social. Las medidas adoptadas podrían tener el efecto contrario.

Un sector que necesita estabilidad y consenso

Es necesario tener en cuenta diferentes aspectos de nuestro sector. Una primera consideración está relacionada con la estructura de la industria de la construcción y con la influencia de la inversión pública en infraestructuras y equipos, tanto en su construcción y mantenimiento, como en su adaptación a otros usos y en la rehabilitación. Es decir, a lo largo de todo su ciclo de vida

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La industria de la construcción está condicionada por períodos cíclicos mucho más pronunciados que los ciclos generales de la economía, por lo que el sector depende o está condicionado por los presupuestos de las administraciones públicas y, por tanto, por los ciclos políticos. Los países que tienen un sector de la construcción más saludable son aquellos que han tenido un crecimiento más moderado pero estable a lo largo del tiempo. Un crecimiento sostenido en el tiempo libre de fluctuaciones que desestabilicen el sector

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Por eso pedimos estabilidad, condición necesaria para garantizar estructuras empresariales sólidas, preparadas y dispuestas a incorporar la innovación, las nuevas tecnologías y las mejoras en las condiciones laborales en todos sus aspectos. Planificar las inversiones a lo largo del tiempo es una necesidad ineludible, tanto para mejorar los servicios a los ciudadanos como para facilitar la necesaria reestructuración del sector de la construcción

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En los últimos años, el sector de la construcción y las empresas se han reestructurado profundamente, lo que ha llevado a una reducción del número y el tamaño de muchas empresas. Se ha destruido el empleo con un importante coste empresarial y social, lo que ha afectado a muchas pymes y a sus trabajadores del sector, que han soportado la crisis sin la ayuda de las administraciones públicas ni ninguna evaluación social

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En este contexto, la responsabilidad de las administraciones públicas debe ser ejemplar. Se ha mejorado considerablemente la transparencia de los procesos de licitación y adjudicación de contratos, pero también se debería ampliar la información sobre la liquidación de los contratos y los costes derivados de la explotación posterior

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La planificación y la difusión de los programas de inversión requieren acuerdos políticos amplios entre los diferentes grupos políticos y niveles de la administración, una situación que podría considerarse una utopía en la situación política actual. Pero las utopías son las que, en última instancia, hacen que la sociedad progrese y sería recomendable proponer un gran pacto para definir objetivos consensuados, evaluados por sus impactos sociales y ambientales, y económicamente sostenibles, que fuera independiente de los ciclos políticos y que nos permitiera estabilizar nuestro sector, permitir la programación de la inversión, la consolidación del empleo y la formación en el sector

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Esta sería la participación socialmente responsable de los órganos de contratación de las administraciones públicas y, en este contexto, podrían, con autoridad moral, solicitar a la industria de la construcción su participación en la mejora del sector en el aspecto de las mejoras sociales.

La situación actual es muy diferente, ya que, como dice el refrán, «el carro se coloca delante de los toros».

Josep Gassiot Matas
Presidente del Gremio de Constructores de Obras de Barcelona y Comarcas