CNC advierte que los nuevos requisitos reglamentarios han disparado los gastos generales de las empresas de construcción en alrededor de un 50%
La patronal propone medidas compensatorias para evitar una ralentización de la contratación pública y facilitar la construcción de viviendas
Las nuevas demandas laborales y ambientales han disparado los gastos generales de las empresas constructoras en torno a un 50% en los últimos 20 años, como se desprende del primer informe en el que se cuantifica este impacto, en el que la Confederación Nacional de la Construcción (CNC) propone elevar al 17% el porcentaje mínimo de gastos generales que las empresas pueden repercutir al presupuesto de ejecución a las administraciones para evitar una ralentización de la contratación pública.
El empleador asegura que las obligaciones laborales -como la implementación de sistemas de protección de datos personales, el registro diario o el canal de quejas-, el aumento de ciertas cargas fiscales, los mayores requisitos ambientales o los efectos de la «segunda ronda» que implican aumentos sucesivos del salario mínimo -incluso si en el sector el salario del contrato es muy superior al SMI actual- conforman el porcentaje actual del 13% que, salvo algunas excepciones, los constructores pueden repercutir a los organismos de contratación resultados en todos los aspectos insuficiente.
CNC recuerda que el aumento de los gastos generales se suma al aumento de los costes asociado a las tensiones inflacionistas de los últimos años, que han llevado los precios de los materiales y la energía a máximos históricos, sin haber aprobado un mecanismo para revisar los contratos públicos, alertando de las posibles consecuencias si no hay una contraprestación paralela por parte de la Administración. Por este motivo, el empleador ya informó al Gobierno de que seguirá habiendo un número importante de licitaciones de obras que quedarán desiertas porque muchas empresas constructoras no podrían asistir a la licitación, lo que reduciría la competencia empresarial
.Así, para evitar una posible paralización de la contratación pública, el CNC también propone modificar el Reglamento General de la Ley de Contratos de la Administración Pública y recuperar la franja porcentual entre el 16 y el 20% de los gastos generales que pueden repercutir los constructores al presupuesto de ejecución material, algo que ya estaba incluido en la normativa reguladora hasta 1987.
Tras consultar a constructores de diferentes tamaños, desde pymes hasta grandes grupos empresariales, CNC concluye que las empresas contratistas de la administración adoptan medidas de optimización de costos y mejoras tecnológicas que aumentan su productividad y eficiencia, pero que no pueden compensar por sí mismas el aumento de los gastos de estructura acumulados a lo largo de los años para cumplir con las nuevas demandas, lo que erosiona su competitividad, dificulta el acceso al mercado de contratación administrativa y, en última instancia, agrava la ya mala situación que La contratación pública en España va viento en popa
.Por este motivo, la patronal insta a adaptar el porcentaje de gastos generales que actualmente establece la norma para que sea suficiente a la hora de cubrir el coste real, garantizando la correcta ejecución de la inversión pública, como ya han hecho algunas administraciones en Extremadura o las Islas Canarias, por ejemplo.
Colaboración público-privada alejada de las tensiones políticas
La patronal lleva tiempo alertando sobre la mala salud de la contratación pública como consecuencia, entre otras causas, de la escasez de trabajadores, la falta de un mecanismo para revisar los precios de los contratos, el abuso de sus propios recursos por parte de la Administración o los problemas que genera el actual sistema de clasificación.
Una situación que afecta a la ejecución de las ayudas comunitarias asignadas al Plan de Recuperación, pero también a la construcción de viviendas, que es urgente acelerar en vista del actual desajuste con respecto a la creación de viviendas, algo que, en opinión de CNC, podría provocar una crisis sin precedentes en España. Por este motivo, propone aumentar la oferta de todo tipo de viviendas hasta al menos 150.000 al año
.En este marco, la construcción considera que los ambiciosos objetivos que el Gobierno se ha fijado en el ámbito de la vivienda no se lograrán sin reforzar la colaboración público-privada alejada de las tensiones políticas, por lo que pide compensar el aumento de los gastos generales.
Según el presidente de CNC, Pedro Fernández Alén, «las empresas constructoras llevan años soportando incrementos de gastos, tanto directos e indirectos como generales, sin recibir ninguna compensación. El Gobierno puede fácilmente, sin necesidad de cambiar la normativa, aumentar al 17% los gastos que las empresas pueden repercutir a todas las entidades contratantes, lo que no resolvería por completo los problemas, pero al menos aliviaría la situación».