EFECTOS DEL COVID-19 EN LAS NUEVAS RELACIONES LABORALES
El mundo que surja de la pandemia se regirá por relaciones diferentes a las que teníamos hasta ahora. El lugar de trabajo no será una excepción. Muchas de las medidas que se han articulado o fortalecido para combatir el virus pueden mantenerse en el tiempo para apoyar la continuidad de la actividad productiva y el mantenimiento del empleo, como detallaremos en este
texto.La promulgación del RD 463/2020 del estado de alarma y sus posteriores prórrogas, con las restricciones de movimiento y medidas de contención establecidas en el ámbito educativo, empresarial, laboral o recreativo, para tratar de frenar la propagación de la covid-19, han provocado una vorágine de Reales Decretos, que tratan de reducir las importantes consecuencias económicas y laborales que pueden derivarse de estas restricciones.
Algunas de las medidas introducidas o mejoradas por la nueva normativa, en mi opinión, durarán una vez que esta crisis sanitaria haya desaparecido, ya que pueden extrapolarse como solución a otras situaciones futuras y cambiarán sustancialmente las relaciones laborales actuales.
Cabe destacar, por tanto, las que están destinadas a consolidarse: por un lado, las medidas para adaptar la jornada laboral, especialmente la posibilidad del teletrabajo, dada la digitalización forzosa llevada a cabo por las empresas españolas debido a la emergencia sanitaria creada por la covid-19, y por otro lado, los avances en los procesos de «flexiguridad» acordados, como la racionalización y flexibilización de los límites de tráfico para la suspensión y reducción de contratos previstos en el artículo 47 del Estatuto de los Trabajadores. El mencionado ERTE.
En relación con la adaptación de la jornada, con la reforma del artículo 34.8 del Estatuto de los Trabajadores introducida por el Real Decreto-ley 6/2019, de 1 de marzo, de medidas urgentes para garantizar la igualdad de trato y oportunidades entre mujeres y hombres, el derecho a solicitar la adaptación de la jornada laboral ya no está supeditado a su posterior desarrollo en la negociación colectiva, con la que cualquier trabajador puede solicitar la adaptación de la jornada laboral por motivos familiares, incluida la prestación de su trabajo a distancia
.Pues bien, esta forma de servicio remoto o teletrabajo también se ha visto reforzada por el Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo, para aquellas actividades que pueden llevar a cabo esta modalidad de prestación, siempre que sea técnica y razonablemente posible y si el resultado de la adaptación es proporcionado para las organizaciones.
En las circunstancias anteriores, esta modalidad de prestación de servicios se ha establecido de manera preferente con el objetivo, por un lado, de implementar las medidas de contención previstas por la normativa sanitaria contra la covid-19, y por otro lado garantizar al mismo tiempo la continuidad de la actividad empresarial y las relaciones laborales.
Como resultado, muchas empresas se han enfrentado a la necesidad de optar por esta vía de prestación de servicios y ya han podido comprobar sus beneficios y los problemas asociados que conlleva. En mi opinión, esto implicará una fuerte digitalización de las empresas, a fin de evitar futuras contingencias, y un aumento progresivo de la prestación a distancia en el futuro, con los correspondientes cambios en las relaciones laborales actuales
.Otra de las medidas, absolutamente necesarias, es la flexibilización de los mecanismos de ajuste temporal para evitar los despidos; es decir, los ya famosos ERTE y la aclaración de sus causas (de fuerza mayor, económicas, técnicas, organizativas y productivas).
El capítulo II, del RD 8/2020, ha aclarado en cierta medida las causas motivadoras del procedimiento de suspensión de contratos, estableciendo cuáles se considerarán fuerza mayor, con las consecuencias previstas en el artículo 47 del Estatuto de los Trabajadores. Se trata de las suspensiones de contratos y reducciones de jornada que tienen su causa directa en pérdidas de actividad como consecuencia de la covid-19, incluida la declaración del estado de alarma, que implican la suspensión o cancelación de actividades, el cierre temporal de locales de afluencia de público, las restricciones al transporte público y en general a la movilidad de personas y/o mercancías, la falta de suministros, que impiden gravemente la continuación del desarrollo normal de la actividad, o las situaciones por el contagio del fuerza laboral o a medidas de aislamiento decretadas por la autoridad laboral
.En la práctica, hemos encontrado diferentes soluciones para casos muy similares a la hora de determinar la fuerza mayor antes mencionada.
Por otro lado, también en los artículos 22 y 23 del RD 8/2020 se han incluido determinadas especialidades en los procedimientos ordinarios de suspensión y reducción de contratos regulados en el RD 1483/2012, acortando los plazos y reduciendo el informe de la Inspección de Trabajo a un poder notarial cuando anteriormente era obligatorio.
Si bien estas especialidades eran necesarias, siguen planteando muchas otras incertidumbres, como con quién negociar el período de consulta en estos procedimientos, cuando no hay representación de los trabajadores. No se sabe con certeza si la norma prevalece sobre los sindicatos más representativos del sector o si, por el contrario, la posibilidad de elegir entre un comité ad hoc y los sindicatos más representativos del sector es un derecho subjetivo de los trabajadores de la
empresa.En cualquier caso, en mi opinión, dada la magnitud del problema al que nos enfrentamos, debemos seguir avanzando para dar más mecanismos de flexibilidad a las empresas y a los trabajadores para que se adapten a los nuevos desafíos a los que nos enfrentamos con la COVID-19, y así tratar de evitar futuras quiebras de empresas y despidos de personal.
Pedro Alonso Chillaron.
El abogado laboralista Pich-Bnfix, asesoría legal y laboral del Gremi