El nuevo procedimiento de control notarial
Desde el pasado 23 de julio, es posible sustituir dicho requisito judicial de pago por un requisito que debe ser ejercido por cualquier notario del domicilio del deudor, en lo que se ha conocido popularmente como el «procedimiento de control notarial»
Desde 2001, el mecanismo más utilizado por las empresas para el cobro de los atrasos en los tribunales ha sido el procedimiento de control. Con una simple carta (sin la intervención de un abogado o poder notarial) y aportando una factura y un albarán o cualquier otro principio de prueba suficiente, el órgano judicial competente exigía el pago al deudor y, si este no pagaba ni se oponía, en un plazo de 20 días, se podía iniciar el correspondiente procedimiento de ejecución contra el deudor, sin más trámites.
Sin embargo, es bien sabido que la justicia es todo menos rápida, ágil y eficaz y, por lo tanto, este procedimiento aparentemente simple a menudo se convirtió en un procedimiento lento e ineficaz.
Desde el 23 de julio, es posible reemplazar dicho requisito judicial de pago por un requisito que debe ejercer cualquier notario del domicilio del deudor, en lo que se ha conocido popularmente como el «procedimiento de control notarial».La principal ventaja de esta reforma es la mayor rapidez en la tramitación del procedimiento, así como la posibilidad expresa de incorporar los intereses de demora (en el procedimiento de control tradicional la jurisprudencia mayoritaria niega esa opción).
Sin embargo, hay que tener en cuenta que, en comparación con el procedimiento de control judicial, dicha alternativa presenta ciertas limitaciones o inconvenientes:
1. No es un procedimiento gratuito. Si bien aún no se ha aprobado la cuota que debe cobrar el notario, la suma del coste de la escritura, que previsiblemente dependerá de la deuda reclamada, y la de la salida a hacer la notificación por parte del notario, hará que el coste sea demasiado elevado para reclamaciones por un importe pequeño, por lo que es recomendable pedir siempre un presupuesto previo al
notario.2. Entre otras, no se pueden reclamar las deudas contraídas por una Administración Pública, ni las derivadas de un contrato formalizado por un empresario o profesionales con consumidores y usuarios
.3. Si el deudor es una persona jurídica, el notario debe practicar el requisito de pago obligatoriamente con un miembro del órgano administrativo o con una persona con poderes suficientes (con la consiguiente mayor dificultad de notificación y/o la posibilidad de que el deudor tome medidas obstructivas
).4. En el caso de varios deudores, la oposición de un deudor puede implicar automáticamente la de todos los deudores (con la consiguiente obligación de acudir al correspondiente procedimiento judicial declaratorio contra
todos ellos).5. Si el requisito de pago resulta negativo porque el deudor no se encuentra, el notario, a diferencia de lo que hace el tribunal, no puede tomar ninguna medida para averiguar el domicilio del deudor y debe
iniciar el procedimiento.En resumen, desde el 23 de julio de 2015, el «procedimiento de control notarial» es una alternativa rápida para el cobro de los atrasos, siempre que tengamos una dirección en la que sepamos con certeza que se encontrará al deudor y que el importe del procedimiento sea suficiente para compensar los costos del notario. En otros casos (deudas de un importe reducido, dudas sobre el domicilio donde solicitar el pago, reclamaciones a los consumidores y usuarios, certeza de que habría oposición, existencia de varios deudores, etc.), será más recomendable seguir recurriendo al procedimiento tradicional de control judicial.
Por último, recuerda que si bien en la fase inicial del seguimiento, tanto judicial como notarial, no es necesaria la intervención de un abogado, en ambos casos, la oposición obligará a interponer un procedimiento ordinario, y a falta de respuesta a la solicitud, a la hora de iniciar un procedimiento de ejecución, en el que la intervención de un abogado siempre será fundamental.
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