¿Qué es la política de RC para directores y directores?
La Póliza de Responsabilidad Civil para Consejeros y Directores es una forma de asegurar y proteger sus activos ante posibles reclamaciones en su contra que pueden materializarse en procesos costosos. Detallamos las particularidades de esta política
:¿Cuál es el propósito de la cobertura?
Los costos de la defensa y la posible compensación como resultado de las reclamaciones cubiertas que se presenten contra la persona asegurada durante la vigencia de la póliza.
Algunas de las denuncias más frecuentes incluyen:
-Incumplimiento de los deberes de un administrador
-Error de gestión
Falta de diligencia
Errores u omisiones al proporcionar información financiera
-Falta de supervisión
¿Quién está asegurado?
Administradores (de hecho y de derecho) y directores presentes, pasados y futuros de forma anónima. Definición muy amplia que abarca a todas aquellas personas que desempeñan las funciones de dirección
.¿Dónde cubre?
En caso de riesgo para la sociedad, abarca desde la estructura de dependencia de la sociedad matriz hasta las filiales y los representantes de las sociedades participadas.
¿Están cubiertas las denuncias penales?
Los gastos de defensa se anticipan hasta que se demuestre la culpabilidad del asegurado y siempre que no haya ninguna otra exclusión aplicable.
Por otro lado, el régimen de responsabilidad también es aplicable a las sociedades anónimas y mutuas de la Seguridad Social y se ha incorporado a la legislación específica de otro tipo de entidades, como fundaciones y asociaciones:
-Cooperativas: Ley 27/1999 de 16 de julio, artículos 35.3 y 43.
-Fundamentos: Ley 50/2002 de 26 de diciembre, art. 17.
-Asociaciones: Ley Orgánica 1/2002 de 22 de marzo, art. 15.
-Cámaras de Comercio: Ley 3/1993 de 22 de marzo, art. 23.
-Mutualidades de la Seguridad Social: Real Decreto 1430/2002, de 27 de diciembre
También es aplicable a cualquier tipo de entidad la Ley Concursal 22/2003, de 9 de julio, y la responsabilidad que dicha Ley impone a los administradores y directores.
Algunas de las legislaciones a tener en cuenta son la Ley de Sociedades de Capital, la Ley de Transparencia, la Ley de Quiebras y la Ley del Mercado de Valores, entre otras, así como la reciente modificación del Código Penal.
A estas hay que añadir todas las normas vigentes en otros países y que tienen su especial relevancia cuando la actividad de la sociedad se extiende más allá de nuestras fronteras.
Mónica Lerma
Jori Armengol & Associats