noticias 23 junio 2021

La quiebra como medio rápido y eficaz de evitar la responsabilidad personal del administrador

quiebra de acreedores

Axel Pàmies Mesegue r, Abogado/Enric Siles Fuentes, socio/// LLOPIS DE AYSA ABOGADOS, consejero del Gremio Civil/Procesal y Mercantil/Bancario. (Más información sobre este consejo para los miembros)//

(solo empresas afiliadas)

La quiebra suele considerarse un proceso largo y caro, por lo que no suele considerarse como una opción para aquellas empresas que, por los motivos que sean, han acabado declarándose insolventes y han cesado su actividad. Esto se traduce con frecuencia en que sociedades sin actividad y que según la ley deberían extinguirse no lo hagan y sigan existiendo desde el punto de vista legal
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Se trata de una situación totalmente indeseable, ya que puede resultar en la responsabilidad personal de sus directivos. En este sentido, el artículo 368 de la Ley de Sociedades de Capital establece la responsabilidad solidaria de los administradores por las deudas que la sociedad asuma tras la concurrencia de una causa legal de disolución si, dentro de los dos meses siguientes a la fecha de su aparición, no adoptan el acuerdo de disolución o la quiebra de la sociedad. Las causas legales de disolución más habituales en la práctica son la de haber sufrido pérdidas que reducen el patrimonio neto de la sociedad a un importe inferior a la mitad del capital social y la de haber dejado de desarrollar la actividad

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Para aquellas empresas (sean sociedades comerciales o no) que deberían declararse en quiebra pero no tienen suficientes activos liquidables para hacer frente a los costos involucrados, el Texto Refundido de la Ley de Quiebras (TRLC) ofrece una fórmula más rápida y económica que la de la quiebra tradicional, pero igualmente satisfactoria para minimizar el riesgo de responsabilidad del órgano de administración. Esta fórmula (artículos 470 y siguientes del TRLC) consiste en la declaración de la oferta con conclusión simultánea por insuficiencia de masa activa. Por lo tanto, es una forma ideal en aquellos casos en que los activos de la empresa sean insuficientes para cubrir los gastos derivados de la propia quiebra (como la remuneración del administrador concursal o los créditos generados como resultado de la actividad de la empresa durante la quiebra, si los hubiera), y será viable siempre que no sea visible antes del juicio la presentación de acciones de reinserción (por ejemplo, en caso de venta de activos a precios inferiores a los del mercado en los dos años anteriores a la licitación).) o la responsabilidad de terceros, ni la calificación de Culpable del concurso. Es decir, suposiciones que podrían llevar a un aumento de los activos de la empresa en quiebra

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En este tipo de quiebras, el Juzgado Mercantil competente se limita a declarar el concurso y, al mismo tiempo, concluirlo sin necesidad de ningún otro procedimiento y sin la presencia de la figura del Administrador Concursal, ya que debido a la falta de recursos de la empresa o del empleador, ninguna de las deudas generadas en el marco de su actividad, objeto principal de la quiebra de los acreedores. Es por esta sencillez y rapidez en la tramitación que este procedimiento se conoce coloquialmente como «concurso exprés».

Según el artículo 5 del TRLC, la empresa o empresario que no pueda hacer frente a sus deudas tiene el deber de solicitar la declaración de quiebra en un plazo de dos meses a partir de la fecha en la que hubiera conocido o tenido el deber de conocer la situación concursal. Sin embargo, y debido al fuerte impacto que la crisis sanitaria derivada de la COVID-19 ha tenido en múltiples sectores económicos, el Decreto-ley 5/2021, de 12 de marzo, ha previsto que hasta el 31 de diciembre de 2021, los deudores (personas físicas o jurídicas) que se encuentren en estado de insolvencia no tendrán la obligación de solicitar el concurso de acreedores. Esta medida, si bien tiene como objetivo evitar la quiebra y el cierre previsible de las empresas más afectadas por la crisis sanitaria, también puede ser aprovechada por cualquier empresa que se haya declarado insolvente, independientemente de la causa de la insolvencia.

Por lo tanto, esta moratoria concursal ofrece una oportunidad excepcional para que las empresas que se encuentran en una causa legal de disolución evalúen la conveniencia de realizar una liquidación ordenada de sus activos, para luego solicitar su declaración en quiebra y su disolución simultánea.

Para ello, es fundamental contar con el asesoramiento de profesionales que puedan evaluar adecuadamente el riesgo de que el concurso sea declarado culpable y evitar realizar operaciones que puedan conducir a acciones de reinserción, antes de decidir si es factible optar por la aplicación de «concurso exprés».